sábado, 10 de diciembre de 2011

Reflexiones acerca de los derechos, garantías y deberes consagrados en la Constitución Dominicana

Nuestra Carta Magna contiene muchos derechos, que algunos llaman sarcasticamente "izquierdos", y pocos deberes que limitan la participación de los ciudadanos en las tomas de decisiones.
     La Constitución Dominicana, modificada por última vez en el 2010, contiene quince Títulos, a su vez divididos en Capítulos, y estos en Secciones. El Titulo II abarca los derechos, garantías y deberes fundamentales. En el Capítulo I, se abordan los derechos fundamentales, civiles y políticos, económicos y sociales, culturales y deportivos, y los correspondientes al medio ambiente y colectivos. El Capítulo II trata de las garantías a los derechos fundamentales. Y, finalmente, el Capitulo III aborda los deberes fundamentales.


            En el Título I, Capítulo II, Artículo 8 queda establecido que la función esencial del Estado  es:

la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

Los derechos surgen como una necesidad del ser humano de que existan garantías reales y efectivas, que procuren velar por el bienestar de toda la humanidad. Es por ello que los Estados han procurado crear normas que regulen todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales; no obstante, ellos mismos son los que no cumplen con lo pactado.
La Constitución Dominicana contempla derechos y garantías del ciudadano que en la realidad no se llegan a cumplir. Es suficiente revisar el presupuesto nacional, los indicadores de desarrollo, o los noticiarios del país para constatar que la mayoría de los derechos no se cumplen. 
En pleno siglo XXI, la tendencia de las protestas sociales coinciden en valorar y cuidar el medio ambiente, el respeto y amor hacia los demás (como podemos ver en la campaña Unhate de Benetton), la educación, y el bienestar social.
La sociedad civil mundial, clama por la inversión en educación. Se puede constatar esto por fundaciones como Pies Descalzos y ALAS, que en Colombia y América Latina trabajan por mejorar la educación inicial; en la campaña “Peluches para la educación” de IKEA, que dona a UNICEF un euro por cada peluche que es comprado en la tienda; el movimiento “4% para la educación”, que exige se cumpla la ley adjetiva de educación de República Dominicana que asigna el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto al presupuesto del Ministerio de Educación; el maratón de Claro-Codetel dedicado a la educación; el V Foro de Competitividad de las Américas, cuyo lema era “Comprometidos con la educación para competir”.
Es visible que el Estado dominicano no cumple con las disposiciones de la Carta Magna, al menos en lo que se refiere al 4% del PIB para el presupuesto del Ministerio de Educación,  y el 10% para el presupuesto de los ayuntamientos.
Los deberes consagrados en la Constitución son, hasta cierto punto, alienantes puesto que limitan la participación de los ciudadanos en las tomas de decisiones. Estos deberes, que no tienen un recurso legal para hacerse cumplir, limitan al ciudadano a elegir cada cierto tiempo las autoridades que orquestan el presente y el futuro de la nación.
Deberes como respetar las leyes y las autoridades, prestar servicios civiles, militares y para el desarrollo, abstenerse de todo acto que perjudique la patria, tributar, trabajar dignamente, asistir a la escuela, contribuir con el Estado en la asistencia social, ser solidarios con la sociedad, difundir la cultura dominicana y cuidar el medio ambiente son deberes que apuntan a una instrumentalización del ciudadano, así como se disponen los soldados en pos de la guerra. Esto, entendiendo que los deberes del ciudadano debieran ser de integración a las causas del país: al desarrollo continuo de la nación.
El acápite doce afirma que es un deber velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la fuunci6n pública. Pero, ¿con qué medios cuenta el pueblo para hacer valer este deber? 
Si existe la voluntad política de gobernar en una democracia participativa, es necesario crear mecanismos con base constitucional para que la totalidad de la población participe en las tomas de decisiones y en el deber de vigilar la calidad de la democracia.
Si en verdad la democracia es el poder del pueblo, debe surgir un mecanismo que empodere al pueblo con el poder que le pertenece.
Respecto a este poder, Leonel Fernández dice que:

En la sociedad capitalista moderna, como en todas las formas precias de organización social, con excepción de la comunidad primitiva, el poder político descansa en una relación de dominio y de subordinación, y mediante la comunicación, la clase dominante, que es la que hace el papel de emisor, impone, a través de medios que son de su propiedad, determinados mensajes a un receptor anónimo, disperso y mudo, que es el pueblo. Por eso la revolución socialista, al plantearse una ruptura con toda forma de dominio y explotación, lucha también por devolverle al pueblo su derecho a la palabra.[2]
           
Derechos, garantías y deberes en el modelo de desarrollo económico dominicano
El modelo de desarrollo económico que la República Dominicana heredó de Trujillo fue el de producción, esencialmente agropecuario y agroindustrial, con inicios del desarrollo de la manufactura.
Al final de la década de los 60, por recomendación de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, la República Dominicana se acogió al modelo económico de servicios, basado en la sustitución de importaciones con incentivos a la manufactura, y el fomento del turismo, las zonas francas y las telecomunicaciones. Además, con las inversiones extranjeras de las empresas Falconbridge Nickel Limited y la Rosario Resources-Simplot Industries, se incorporó la minería al modelo.
            En el decenio de 1990, la República Dominicana tuvo un crecimiento económico sostenido de un 5.6%, gracias al aumento del turismo y a las zonas francas. Desde el año 2000 diversos factores, internos y externos, han puesto de manifiesto la necesidad de replantear el modelo económico dominicano, desde una perspectiva tanto coyuntural como estructural.
No obstante, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, sostiene que el modelo “no está agotado, como se ha dicho, no es excluyente, como repiten sus críticos, y no necesita ser sustituido.”
            El modelo vigente no ha podido hacer coincidir el crecimiento económico con el bienestar social que implica el cumplimiento de los derechos constitucionales, generando malestar en la sociedad.
            A esto se añaden los efectos de la crisis económica de 2003, como consecuencia de la quiebra de tres de los principales bancos del sistema financiero, causando la reducción del 20% en el PIB. Para amortiguar este golpe, el Estado asumió las consecuencias, lo que resultó en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: préstamos de emergencia. Todo ese capital fue utilizado en el salvamento de la macroeconomía, dejando de lado la inversión en los derechos consagrados en la Constitución Dominicana.
El sector empresarial dominicano opina que es imprescindible una revisión del modelo y propone que se sustituya. “Este modelo está agotado, porque crea una sociedad donde muchos tienen poco   y pocos tienen  mucho”, dijo Max Puig.
“El país tiene que abrir un espacio de reflexión para revisarse, no sólo para modificar ese modelo económico que hemos mantenido durante los últimos 50 años”, expone Lisandro Macarrulla, presidente del  Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). Macarrulla dijo que la nueva estructura económica que necesita el país debe tener como plataforma a los sectores productivos, porque son estos los que generan puestos de trabajo y les dan valor a la sociedad.
Aunque somos partícipes de la asistencia social de parte de los gobiernos, como mecanismo  transitorio o  compensación parcial, pero ningún país se desarrolla sobre esa base, sino a través de empleos dignos que tributen al fisco, estableció el presidente del CONEP.
En lo económico, el modelo neoliberal es el que más resultados ha dado en la República Dominicana, pero en materia social no ha contribuido más que en aumentar el número de familias pobres de nuestro país.
Sin embargo, el modelo de desarrollo humano sería una excelente alternativa para solucionar o controlar algunos dilemas de desigualdad social y pobreza.
            Existen varios esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Entre los cuales podemos enumerar: la Alianza Estratégica del Grupo del Banco Mundial, la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la propuesta del PNUD.

Alianza Estratégica Grupo del Banco Mundial – República Dominicana 2010-2013
El principal objetico de esta alianza es el de respaldar los esfuerzos del país para reducir su vulnerabilidad a factores internos y externos, generando al mismo tiempo resultados para sus ciudadanos.
            Entre los factores internos y externos a los que la Republica Dominicana es vulnerable, el Grupo del Banco Mundial identifica los siguientes:

Una difícil situación fiscal; niveles extremadamente elevados de pobreza y desigualdad y la reducida capacidad para implementar políticas sociales anticíclicas; problemas de competitividad derivados principalmente de un sector eléctrico ineficiente, y bajos niveles de competencias técnicas; y las consecuencias negativas del cambio climático sobre la importante industria del turismo en el país.[3]

Objetivos de Desarrollo del Milenio
República Dominicana sufre, recurrentemente, de una debilidad institucional que se traduce en corrupción, impunidad y una ineficiente gestión de los recursos. Esto se constituye en la traba fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
            Los ODM son: erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación universal, igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar una asociación mundial.

Estrategia Nacional de Desarrollo
En el 2009, el gobierno dominicano inicio los preparativos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la que ha participado la sociedad civil, el sector privado, y el espectro político.
            La END incluye 32 áreas de desarrollo, que se pueden agrupar en los siguientes pilares: desarrollo social, competitividad y desarrollo productivo, crecimiento y sostenibilidad, desarrollo institucional,  y desarrollo institucional y medio ambiente.

Propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propone un modelo o paradigma de desarrollo humano que es definido como el paradigma que propugna se amplíen las oportunidades de los individuos, siendo las más importantes una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de una vida decente. Otras oportunidades son la libertad política y la garantía de los derechos humanos.
            Mientras el esquema actual, el neoliberalista, tiene como objetivos asegurar un adecuado crecimiento económico, expandir los sectores sociales, construir redes de seguridad en la medida en que se puedan financiar y políticas económicas abiertas y la ayuda internacional, el paradigma de desarrollo humano persigue empoderar a los más pobres, aspirar a una igualdad de género, asegurar que los pobres tengan acceso a bienes, acelerar el crecimiento a favor de los pobres y el apoyo internacional para acciones nacionales.
            Es decir, mientras el modelo de desarrollo propuesto por el PNUD tiene como supuesto que el crecimiento debe hacerse conscientemente a favor de las personas y a favor de los pobres, haciendo cumplir los derechos establecidos en la Constitución Dominicana, el neoliberalismo descansa en la posibilidad de que exista un chorreo hacia los más necesitados.
            Una de las implicaciones más relevantes de adoptar el paradigma de desarrollo humano planteado, es el empoderamiento de las personas. Este es visto como una forma segura de vincular el crecimiento con el desarrollo (Ul Haq, 1995). Por eso, la sostenibilidad social y económica del crecimiento depende de la participación de las personas en las decisiones y en la vigilancia de los resultados (Ceara-Hatton, 2004).